El contrabando fiscal de combustibles, conocido mediáticamente como huachicol fiscal (denominación equívoca que trivializa el problema), podría ser considerado como uno de los esquemas de evasión tributaria y de corrupción más complejos y costosos para el Estado mexicano. A diferencia del robo físico de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, este delito opera a través de maniobras aduaneras y simulaciones fiscales que permiten introducir gasolinas y diésel al territorio nacional sin el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, el daño potencial al erario podría superar los 600 mil millones de pesos, cifra que revela la magnitud del problema y su impacto sobre las finanzas públicas (Infobae, 2025; Forbes México, 2025). Se trata, en términos técnicos, de un delito fiscal sistemático, articulado por redes empresariales, intermediarios aduanales y operadores institucionales que aprovechan vacíos normativos y debilidades en la trazabilidad de los combustibles importados.
El Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 102 tipifica como contrabando la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional sin el pago total de contribuciones o sin el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
En la práctica, el contrabando de combustibles se concreta mediante esquemas sofisticados de defraudación fiscal que incluyen:
- Clasificación arancelaria fraudulenta, simulando importaciones de solventes o aceites industriales para evadir el IEPS.
- Subvaluación de mercancías, que reduce artificialmente el valor declarado para pagar menos impuestos.
- Triangulación comercial, mediante empresas fachada o intermediarios que dificultan el rastreo del producto.
- Corrupción institucional, resultado de la colusión entre agentes privados y servidores públicos en puntos aduanales y portuarios.
- Estas conductas afectan la legalidad tributaria, distorsionan la competencia económica y vulneran la soberanía fiscal del Estado mexicano.
La evasión del IEPS por contrabando de combustibles tiene efectos directos sobre la recaudación nacional, la equidad tributaria y la confianza institucional. Hasta octubre de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta 102 denuncias penales por este delito, con pérdidas estimadas en más de 16 mil millones de pesos (Forbes México, 2025; GlobalMedia, 2025).
Estas pérdidas limitan la capacidad del Estado para financiar infraestructura, programas sociales y políticas energéticas sostenibles. Además, generan competencia desleal frente a los distribuidores formales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, debilitando la inversión y el empleo en el sector energético.
A ello se suma la revelación de presuntas redes de corrupción al interior de la Secretaría de Marina (SEMAR), responsable de la supervisión portuaria. Diversas investigaciones periodísticas han documentado la participación de mandos militares y funcionarios en operaciones de contrabando, lo que ha generado un profundo cuestionamiento sobre los mecanismos de control interno.
El fenómeno trasciende así el ámbito tributario para convertirse en un asunto de seguridad nacional, pues conecta la evasión fiscal con estructuras de delincuencia organizada transnacional.
La solución al contrabando de combustibles requiere una estrategia integral que combine tecnología, fiscalización inteligente y cooperación internacional. Entre las medidas prioritarias destacan:
- Trazabilidad digital aduanera, basada en sistemas integrados de verificación electrónica y marcadores moleculares.
- Reforma a la Ley Aduanera, incorporando la responsabilidad solidaria de agentes aduanales y controles diferenciados según niveles de riesgo.
- Cooperación binacional con Estados Unidos y Centroamérica, para fortalecer la verificación documental en puertos de origen y tránsito.
- Transparencia institucional, mediante la publicación periódica de datos abiertos sobre denuncias, sanciones y flujos de importación.
En líneas finales, el contrabando de combustible, en su vertiente fiscal, constituye una amenaza estructural que combina evasión tributaria, corrupción administrativa y crimen organizado. Su magnitud obliga a repensar la fiscalización como una herramienta punitiva y como un instrumento de soberanía económica y justicia tributaria. La recuperación de la legalidad fiscal en el comercio energético es también una recuperación del poder soberano del Estado sobre sus ingresos públicos. Combatir el contrabando de combustible no es únicamente una cuestión de recaudación, sino un acto de reafirmación institucional frente a la corrupción y la impunidad.
Es cuánto.
Imagen: De la red.
Columna RDCF 
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