Columna RDCF

En el ámbito fiscal, los delitos representan una grave amenaza para la recaudación tributaria y la estabilidad económica del Estado. Estos ilícitos no solo vulneran los ingresos públicos, sino que también erosionan la equidad y justicia del sistema tributario, pilares fundamentales de un Estado de derecho.

El bien jurídico tutelado se define como el interés o valor social protegido por una norma jurídica. En los delitos fiscales, este bien se traduce en el adecuado funcionamiento del sistema tributario y la preservación de los recursos financieros del Estado para garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales. El Código Fiscal de la Federación (CFF) , en su artículo 108, establece que el bien jurídico tutelado en la defraudación fiscal es la recaudación adecuada, sancionando a quienes, mediante engaño, omiten parcial o totalmente el pago de contribuciones.

Este bien jurídico resguarda dos pilares fundamentales: por un lado, protege los recursos económicos del gobierno, indispensables para el gasto público; por otro, salvaguarda la confianza y percepción de justicia en el sistema tributario. La existencia de prácticas ilícitas como el uso de facturas falsas, sancionadas en el artículo 113-Bis del CFF, no solo afecta las finanzas públicas, sino que también deteriora la moral tributaria al generar desigualdad entre contribuyentes cumplidos e incumplidos.

En mi experiencia profesional, observé que la protección del bien jurídico tutelado iba más allá de las sanciones legales. Implica fortalecer las instituciones encargadas de la fiscalización, implementar tecnologías avanzadas para detectar irregularidades y, sobre todo, fomentar una cultura de cumplimiento. Es vital que tanto las autoridades como los ciudadanos asuman un rol activo en la defensa de este bien colectivo.

En líneas finales, el reto no es solo jurídico, sino también ético y cultural. Apostar por una gestión fiscal eficiente significa garantizar que cada peso recaudado se traduzca en beneficios tangibles para la sociedad. Cuidar el bien jurídico tutelado es proteger la esencia misma del Estado: su capacidad de atender las necesidades de la población y promover un desarrollo equitativo.

Es cuánto.

Imagen: de la red.