Columna RDCF

En el entramado fiscal de México, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC), promulgada en 2005, marcó un avance significativo al brindar un marco legal para la protección de los ciudadanos frente a las facultades de la autoridad fiscal. Sin embargo, los cambios económicos, tecnológicos y sociales han rebasado su alcance, dejando a los contribuyentes expuestos a retos que no estaban contemplados hace casi dos décadas. Este rezago normativo plantea una pregunta ineludible: ¿es tiempo de reformar integralmente la LFDC o debemos crear un nuevo marco legal que abarque tanto los derechos como las obligaciones del contribuyente?

Desde su creación, la LFDC ha tenido pocas modificaciones, siendo la última en 2018, enfocada en aspectos administrativos menores. Mientras tanto, las reformas fiscales recientes han endurecido las medidas de fiscalización, ampliado las facultades discrecionales del SAT y profundizado el uso de herramientas digitales. Este panorama ha evidenciado que la ley actual no es suficiente para garantizar una relación equitativa entre el Estado y los contribuyentes.

Entre las principales limitaciones destacan:

· Fragmentación normativa: Los derechos y obligaciones de los contribuyentes están dispersos en múltiples leyes fiscales, dificultando su comprensión y aplicación.

· Ausencia de salvaguardas digitales: Con el auge del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y las auditorías electrónicas, los contribuyentes enfrentan riesgos técnicos y de manejo inadecuado de sus datos, sin una protección clara en la ley.

Para que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente sea un instrumento eficaz y acorde a las necesidades actuales, es imprescindible abordar las siguientes áreas:

1. PROTECCIÓN EN LA ERA DIGITAL. El uso de tecnologías digitales ha transformado el sistema tributario, pero también ha generado vulnerabilidades para los contribuyentes. Es urgente incluir en la LFDC disposiciones que:

· Garanticen la protección de datos personales y fiscales.

· Establezcan medidas de defensa ante fallos técnicos en las plataformas del SAT.

· Regulen la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial para auditorías.

2. LÍMITES A LAS FACULTADES DISCRECIONALES DEL SAT. La autoridad fiscal ha incrementado sus facultades, como la cancelación de sellos digitales o los embargos precautorios, lo que ha generado casos de arbitrariedad. La ley debe garantizar procesos claros y justos para evitar abusos, fortaleciendo el principio de proporcionalidad.

3.PRESUNCIÓN DE SIMULACIÓN Y EVASIÓN FISCAL. Las reformas de 2020 endurecieron las medidas contra las llamadas empresas factureras y actos de simulación fiscal, considerando estas prácticas como delitos graves. Sin embargo, la LFDC no contempla salvaguardas para evitar que contribuyentes legítimos sean erróneamente vinculados a dichas actividades.

4. JUSTICIA TRIBUTARIA Y ACCESO A LA DEFENSA. A pesar de los esfuerzos de la PRODECON, muchos contribuyentes, especialmente micro y pequeñas empresas, enfrentan barreras para defenderse ante actos de autoridad. La reforma debe incluir mecanismos accesibles, como medios digitales de impugnación y plazos razonables para resolver controversias.

5. OBLIGACIONES CLARAS PARA LOS CONTRIBUYENTES. El cumplimiento fiscal debe ser una responsabilidad compartida entre la autoridad y los ciudadanos. Una ley renovada debe especificar las obligaciones de los contribuyentes con mayor claridad, facilitando su comprensión y cumplimiento voluntario.

Si bien reformar la LFDC puede parecer una opción pragmática, la creación de una nueva Ley Federal de Derechos y Obligaciones del Contribuyente ofrecería una oportunidad única para centralizar y modernizar el marco normativo. Este instrumento podría consolidar los principios de justicia fiscal, adaptándose a los retos del siglo XXI y alineándose con estándares internacionales.

En líneas finales, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en su estado actual, no refleja las complejidades del sistema fiscal moderno ni las necesidades de los contribuyentes. Ya sea a través de una reforma integral o de la creación de una nueva ley, es indispensable actuar con visión estratégica para fortalecer la confianza en el sistema tributario y garantizar un equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los ciudadanos. La LFDC fue un avance importante en su momento, pero requiere una reforma integral para adaptarse al contexto actual. En un país donde la recaudación fiscal es un pilar clave para el desarrollo, proteger los derechos de los contribuyentes no solo es un acto de justicia, sino una herramienta indispensable para fomentar la confianza y el cumplimiento voluntario.

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Imagen: de la red.