Columna RDCF

En las últimas décadas, la discusión sobre la ética fiscal ha cobrado relevancia ante fenómenos como la evasión y elusión tributaria, la corrupción institucional, los privilegios fiscales y la creciente automatización económica. La pregunta ya no es únicamente quién paga impuestos, sino quién debe hacerlo, con base en su verdadera capacidad contributiva, incluyendo (como propongo en mis estudios doctorales) los sujetos fiscales no humanos generadores de riqueza algorítmica.

La ética fiscal constituye una categoría económica, política y jurídica. Desde la perspectiva de la economía del bienestar, Amartya Sen (1999) sostiene que la justicia social depende de la ampliación de capacidades humanas, lo que implica que la tributación debe orientarse al bien común, no solo a la recaudación. En este sentido, la ética fiscal es la expresión práctica del contrato social fiscal.

En la filosofía política, John Rawls (1971) argumenta que la equidad debe guiar las instituciones públicas mediante el principio de la diferencia, es decir, las desigualdades solo son justificables si benefician a los menos favorecidos. Aplicado al ámbito tributario, esto se traduce en progresividad ética, quien tiene más, contribuye más, no solo por obligación legal, sino por responsabilidad moral.

Por su parte, la teoría del contrato fiscal de James Buchanan (1967) advierte que los impuestos son el precio de la civilización democrática, pero solo cuando los ciudadanos perciben que el Estado administra con honestidad y transparencia. La evasión fiscal, en consecuencia, no es solo un delito, sino un acto de disociación social, una ruptura del pacto de confianza entre Estado y sociedad.

La ética fiscal también tiene una dimensión institucional. Si el Estado utiliza los recursos públicos con corrupción, discrecionalidad o ineficiencia, erosiona el principio moral del tributo. La fiscalidad se convierte entonces en una forma de violencia estructural, los contribuyentes honestos sostienen a un sistema que no redistribuye justamente la riqueza.

En el contexto contemporáneo, marcado por la inteligencia artificial, la ética fiscal se redefine. La automatización y la creación de riqueza por algoritmos plantean un nuevo paradigma sobre si es ético que las máquinas generen beneficios sin contribuir a la hacienda pública. Thomas Piketty (2014) advierte que la acumulación desproporcionada de capital tecnológico sin regulación fiscal puede reproducir desigualdades más profundas que las del siglo XIX.

Una ética fiscal moderna requiere una reconfiguración estructural basada en tres transformaciones esenciales (como he argumentado en mi formación doctoral): primero, una educación fiscal con enfoque cívico y moral, que forme ciudadanos conscientes de que el cumplimiento tributario no es solo una obligación legal, sino un acto de corresponsabilidad social que fortalece el contrato entre Estado y sociedad; segundo, la transparencia algorítmica del gasto público, sustentada en tecnologías que permitan a la ciudadanía rastrear en tiempo real el destino y uso de cada recurso recaudado, garantizando así la rendición de cuentas y la confianza institucional; y tercero, la ampliación del sujeto ético tributario, incorporando a los entes digitales, plataformas automatizadas y sistemas de inteligencia artificial generativa como nuevos agentes económicos con capacidad contributiva, cuyo reconocimiento fiscal se torna indispensable ante la creciente concentración de riqueza sin rostro humano.

La ética fiscal del futuro no puede ser antropocéntrica. Debe evolucionar hacia una ética fiscal algorítmica, donde la justicia tributaria no solo se mida por el ingreso declarado, sino por la capacidad real de generar valor, sea humano o artificial.

En líneas finales, la ética fiscal es, en esencia, el equilibrio entre el poder de recaudar y el deber de justificar. Sin ella, el sistema tributario se vacía de legitimidad. En una época donde la riqueza se produce mediante algoritmos, la ética fiscal deberá extenderse hacia nuevas formas de contribución, para evitar que la tecnología se convierta en un refugio de irresponsabilidad tributaria.

Es cuánto.

Imagen: De la red.