Columna RDCF

El concepto del Estado garantista busca proteger y promover los derechos fundamentales de las personas, asegurando condiciones dignas y una distribución equitativa de los recursos. En México, esta concepción se vincula profundamente con la política fiscal, dado que los ingresos y gastos públicos son los principales instrumentos para cumplir con el bienestar social.

La Reforma Constitucional de 2011 marcó un parteaguas al incorporar los derechos humanos como eje central del sistema jurídico mexicano, reforzando el principio pro persona , que exige la interpretación de las leyes para maximizar la protección de los derechos. Sin embargo, la implementación efectiva de estos principios enfrenta retos operativos, especialmente en regiones con marcadas desigualdades económicas y sociales.

Bajo este contexto, en política fiscal, la recaudación de ingresos y el gasto público desempeñan un papel fundamental para consolidar un Estado garantista. A continuación, se analizan ambos componentes:

• Recaudación de Ingresos:  En México, la estructura tributaria ha sido históricamente regresiva, con una baja recaudación fiscal respecto al PIB, que en 2023 representó el 16.7% según datos de la OCDE (2023). Este panorama evidencia la necesidad de una reforma fiscal que: Aumente la progresividad del sistema tributario, amplíe la base de contribuyentes y fortalezca los mecanismos contra la evasión y elusión fiscal.
• Gasto Público:  El gasto debe orientarse a reducir la pobreza y las desigualdades, fortaleciendo sectores clave como educación, salud y seguridad social. Aunque programas como «Jóvenes Construyendo el Futuro» y «Sembrando Vida» buscan atender estos objetivos, su eficacia ha sido cuestionada por problemas de sostenibilidad financiera y falta de transparencia (FAO, 2022).

Pese a los esfuerzos por consolidar un Estado garantista a través de la política fiscal, México enfrenta retos importantes: La alta informalidad económica, que abarca al 55% de la población ocupada, limita la recaudación fiscal y afecta la disponibilidad de recursos para programas sociales; los elevados niveles de corrupción erosionan la confianza ciudadana y dificultan la asignación eficiente de los recursos; y las desigualdades regionales, resultado de la concentración del desarrollo económico en ciertas áreas, complican la aplicación uniforme de políticas garantistas.

Para fortalecer la relación entre el Estado garantista y la política fiscal en México, es necesario:

1. Reforma Integral del Sistema Fiscal: Incorporar principios de progresividad y equidad fiscal, garantizando que quienes tienen mayores ingresos contribuyan proporcionalmente.
2. Fortalecimiento Institucional: Implementar mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar el uso eficiente de los recursos.
3. Fomento a la Formalización Económica: Diseñar incentivos fiscales y laborales para reducir la informalidad.
4. Inversión en Capital Humano: Incrementar los recursos destinados a educación y salud como pilares fundamentales del desarrollo.

En líneas finales, el Estado garantista y la política fiscal están profundamente interrelacionados, ya que sin recursos suficientes no es posible garantizar derechos ni promover el bienestar social. En México, la implementación de reformas fiscales progresivas y el fortalecimiento de la gestión pública son imperativos para avanzar hacia un modelo de Estado más justo y equitativo.

Es cuánto.

Imagen: de la red.