Columna RDCF

El federalismo, es un sistema de gobierno que distribuye el poder entre una autoridad central y entidades subnacionales (estados, municipios, alcaldías), permitiendo la coexistencia de múltiples niveles de toma de decisiones.  Desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho (AED), el federalismo puede entenderse como un mecanismo institucional diseñado para maximizar la eficiencia en la asignación de recursos y la provisión de bienes públicos.

En México, este modelo ha enfrentado históricamente tensiones derivadas de un diseño centralizado y la falta de claridad en la distribución de competencias entre los niveles de gobierno.  Para el presente año, estos retos se agudizan en un contexto de transformaciones económicas y políticas, tanto a nivel nacional como internacional.

El AED proporciona un marco útil para evaluar el federalismo, al considerar cómo las normas jurídicas y las estructuras institucionales influyen en la asignación de recursos y la eficiencia económica. En este sentido, el federalismo puede ser visto como un mecanismo para optimizar la provisión de bienes públicos, aprovechando las ventajas comparativas de los gobiernos subnacionales.

El contexto político y económico coloca al federalismo mexicano en una posición crítica, enfrentando tres factores principales que amenazan su eficacia y su capacidad para promover el desarrollo nacional:

• Distribución de competencias y recursos. Aunque el federalismo supone un equilibrio entre el gobierno federal y los estados y municipios, la realidad en México muestra un marcado centralismo. La concentración de recursos financieros y atribuciones en el gobierno central ha debilitado la capacidad de los gobiernos locales para atender de manera efectiva las necesidades de sus comunidades, generando una desconexión entre la demanda ciudadana y la respuesta gubernamental.
• Deficiencia en la Coordinación intergubernamental. Un federalismo funcional requiere colaboración entre los distintos niveles de gobierno para evitar duplicidades y vacíos administrativos. En México, la falta de mecanismos eficientes de coordinación ha fragmentado la gestión pública, diluyendo responsabilidades y dificultando la evaluación de resultados. Esta falta de integración se traduce en políticas públicas ineficaces y en un desperdicio de recursos.
• Débil rendición de cuentas y transparencia. La confianza ciudadana en las instituciones depende en gran medida de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos públicos. La opacidad en la administración de fondos y la falta de sistemas robustos de fiscalización han erosionado la legitimidad de los gobiernos, afectando la gobernanza y limitando la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones.

Las fallas en la estructura federal han generado consecuencias tangibles para la economía y el bienestar social en México, por ejemplo, la centralización de recursos ha generado ineficiencias en la provisión de bienes públicos esenciales, como educación, salud y seguridad. La incapacidad de los gobiernos locales para gestionar estos servicios de manera efectiva ha afectado directamente la calidad de vida de la población, lo que a su vez repercute en la productividad y el desarrollo humano.

Por otro lado, la incertidumbre jurídica y la falta de claridad en las reglas del juego han desincentivado la inversión, tanto nacional como extranjera. En un entorno donde las reglas no están claramente definidas y los mecanismos de coordinación son deficientes, los inversionistas perciben mayores riesgos, lo que frena el crecimiento económico y la creación de empleos.

Así mismo, ha acentuado las desigualdades regionales, ya que el centralismo ha privilegiado el desarrollo de ciertas entidades en detrimento de otras, perpetuando la marginación y la pobreza en varias regiones del país.

En líneas finales, desde la óptica del AED, un federalismo bien estructurado no solo es una pieza clave para la estabilidad social, sino también un impulsor del crecimiento económico. Para lograrlo, es fundamental implementar reformas estructurales que fortalezcan la autonomía local, garantizando una distribución equitativa de competencias y recursos. Asimismo, se requiere establecer mecanismos efectivos de coordinación que permitan una gestión armonizada entre los distintos niveles de gobierno, evitando duplicidades y optimizando la toma de decisiones. Pero, sobre todo, es indispensable robustecer la transparencia y la rendición de cuentas, mediante sistemas de monitoreo y participación ciudadana que prevengan el mal uso de los recursos públicos y fomenten la confianza en las instituciones.  Estos cambios requieren voluntad política y un compromiso real de todos los actores involucrados. Solo un federalismo funcional permitirá a México alcanzar un desarrollo económico sostenido y una gobernanza efectiva en el futuro inmediato.

Es cuánto.

Imagen: de la red.