Columna RDCF

La Cuarta Revolución Industrial, concepto introducido por Klaus Schwab (2016), marca un punto de inflexión en la historia del desarrollo humano al integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT), la robótica y el big data en los procesos productivos, sociales y fiscales. Esta convergencia entre lo físico, lo biológico y lo digital está transformando de manera profunda los sistemas económicos y tributarios, desafiando los marcos tradicionales y exigiendo una respuesta inmediata desde la ciencia fiscal. Esta revolución tecnológica obliga a repensar los principios de recaudación, equidad y eficiencia tributaria para construir un sistema impositivo adaptado a los nuevos entornos digitales.

La transformación económica impulsada por la Cuarta Revolución Industrial ha modificado sustancialmente la estructura del empleo y los modelos empresariales tradicionales. La automatización, particularmente en sectores como manufactura, logística y servicios financieros, ha desplazado tareas rutinarias y ha puesto en riesgo directo a un 14% de los empleos existentes, mientras que un 32% enfrentará cambios profundos en sus funciones (OIT, 2023). Este fenómeno plantea la urgencia de rediseñar las políticas públicas educativas y fiscales, orientándolas hacia la capacitación digital, la reconversión laboral y el desarrollo de habilidades tecnológicas. En paralelo, han surgido modelos de negocio innovadores, basados en plataformas digitales como Amazon, Uber y Airbnb, que operan en entornos virtuales con estructuras descentralizadas. Estas nuevas formas de empresa desafían los marcos fiscales tradicionales, generando vacíos normativos y distorsiones competitivas que evidencian la necesidad de reformular los criterios de establecimiento permanente y atribución de ingresos (Zucman, 2019).

Además, el nuevo orden económico digital ha acentuado las desigualdades estructurales. Las grandes empresas tecnológicas han acumulado poder económico desproporcionado, generando un desequilibrio que compromete la equidad fiscal. Según Oxfam (2023), las cinco principales empresas tecnológicas aumentaron sus ingresos en un 44% durante la pandemia, mientras que millones de personas quedaron excluidas del mercado formal de trabajo. Esta concentración de riqueza no solo amplía la brecha social, sino que también debilita la base tributaria y el principio redistributivo del sistema fiscal. Por ello, es imprescindible diseñar una arquitectura fiscal moderna que garantice la justicia tributaria, recupere la legitimidad del sistema impositivo y actúe como instrumento de cohesión social en una economía cada vez más digitalizada.

Dicho sea de paso, la globalización digital ha expuesto las limitaciones de los sistemas fiscales tradicionales, permitiendo que las empresas multinacionales generen valor en diversas jurisdicciones sin establecer presencia física, lo que debilita la capacidad recaudatoria de los Estados. Este fenómeno ha facilitado prácticas agresivas de planificación fiscal, como el profit shifting y la elusión fiscal, que erosionan de manera significativa la base imponible. La OCDE (2021) estima que estas prácticas ocasionan pérdidas globales superiores a los 240 mil millones de dólares anuales, afectando con mayor severidad a economías emergentes como México, donde la dependencia de ingresos fiscales es crucial para financiar políticas públicas. Esta situación demanda un replanteamiento urgente del marco tributario internacional, que reconozca la naturaleza intangible y descentralizada de la nueva economía digital.

En respuesta a este desafío, el proyecto BEPS 2.0 (impulsado por la OCDE y respaldado por el G20) propone una arquitectura fiscal global basada en la reasignación de derechos impositivos y la implementación de un impuesto mínimo corporativo del 15%. Esta iniciativa busca garantizar que las grandes plataformas tecnológicas contribuyan fiscalmente en los países donde obtienen beneficios económicos reales. Para México, su adopción representa una oportunidad estratégica para fortalecer su soberanía fiscal y avanzar hacia un sistema más equitativo y sostenible. Paralelamente, la digitalización de la administración tributaria ha permitido al SAT utilizar herramientas como inteligencia artificial, aprendizaje automático e interoperabilidad de datos para mejorar la eficiencia recaudatoria. Sin embargo, tal como advierte la CEPAL (2022), este avance debe ir acompañado de salvaguardas que protejan la privacidad de los contribuyentes y respeten el debido proceso, preservando la confianza ciudadana en las instituciones fiscales.

En líneas finales, la Cuarta Revolución Industrial no es neutral: redefine quién genera valor, cómo se distribuye la riqueza y qué papel debe jugar el Estado en este nuevo orden económico. Desde la ciencia fiscal, urge reconfigurar los sistemas tributarios bajo principios de adaptabilidad, justicia intergeneracional y soberanía tecnológica. No basta con modernizar las herramientas de fiscalización; es necesario transformar la filosofía tributaria hacia una ética digital con vocación humanista. Quienes formamos parte de esta disciplina (juristas, economistas, contadores, fiscalistas y administradores públicos) tenemos la responsabilidad histórica de proponer soluciones estructurales que no solo respondan a la revolución en curso, sino que la orienten hacia una sociedad más equitativa, transparente y solidaria. La fiscalidad del futuro se está escribiendo hoy, línea por línea, con visión científica, integridad moral y voluntad política.

Es cuánto.

Imagen: de la red.