Columna RDCF

Imagen: De la red (THINKSTOCK, BBC MUNDO)

La Cuarta Revolución Industrial (4RI) puede definirse, con fines analíticos para esta columna, como una fase de reorganización productiva donde tecnologías digitales (datos, conectividad, cómputo e inteligencia artificial) se integran con procesos físicos, y en ciertos casos biológicos, para habilitar operación, medición y optimización a escala. Es tecnología, convergencia y efecto sistémico, cambios simultáneos en producción, servicios, cadenas de suministro y formas de control (Schwab, 2016; World Economic Forum, 2016).

En su origen institucional, el término se articula primero como política industrial. En Alemania, Industrie 4.0 se presenta al debate público en 2011, vinculándose con el “internet de las cosas” y sistemas ciberfísicos como base de nuevas arquitecturas industriales (Kagermann, Lukas, & Wahlster, 2011). Luego, el grupo de trabajo formaliza recomendaciones en 2013 para implementar la iniciativa estratégica y orientar la transición hacia Smart factories (Kagermann, Wahlster, & Helbig, 2013). La difusión global del lenguaje “Cuarta Revolución Industrial” se acelera en 2016 desde el Foro Económico Mundial (Schwab, 2016). Por ello, la 4RI se ubica desde la década de 2010 hasta el presente.

Una tecnología nodal de este periodo es la Inteligencia Artificial (IA). Sus bases formales se remontan a la propuesta del proyecto de Dartmouth (McCarthy, Minsky, Rochester, & Shannon, 1955) y a desarrollos tempranos como la programación simbólica (McCarthy, 1960), así como a debates clásicos sobre enfoques conexionistas y representación del conocimiento (Minsky & Papert, 1969; Minsky, 1974). Dicho sea de paso, una lectura útil para la ciencia fiscal es entender la IA como una tecnología que reduce costos de predicción y reordena decisiones operativas (Agrawal, Gans, & Goldfarb, 2018).

Desde teoría del cambio tecnológico, Schumpeter describió la innovación como “nuevas combinaciones” que reconfiguran estructuras productivas (Schumpeter, 1942); Romer formalizó el papel de las ideas como motor del crecimiento (Romer, 1990); Aghion y Howitt modelaron el progreso como sustitución sucesiva por innovaciones (Aghion & Howitt, 1992). La IA intensifica ese patrón porque estandariza tareas cognitivas, habilita recombinación de procesos y escala decisiones.

Para la agenda fiscal, el punto es metodológico. Cambian tres preguntas clásicas: qué se grava, cómo se prueba y cómo se controla.

• Qué se grava. Otrora, el análisis se anclaba en capital físico y presencia material. En entornos 4RI,  una parte relevante del valor se organiza en activos operativos-intangibles: algoritmos, modelos, datos, software y capacidades de despliegue y monitoreo. Esta transición exige mejor atribución del valor y mejor evidencia sobre dónde se genera y quién lo controla, especialmente en contextos de concentración de rentas e intangibles (Piketty, 2014) y de diseño institucional con información imperfecta (Stiglitz, 2012).

• Cómo se prueba. La fiscalización documental por periodos convive con evidencia continua del ciclo de vida de la IA, datos, entrenamiento, validación, despliegue y monitoreo. La prueba se vuelve trazable, linaje de datos, versionado de modelos, bitácoras, métricas y registros de desempeño.

• Cómo se controla. Auditar IA, sistemas sociotécnicos con decisiones automatizadas que producen efectos económicos. Por ello, resulta operativo incorporar lenguajes de gobernanza por riesgo, así como los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para orientar políticas y prácticas (OECD, 2019). Estas guías no sustituyen el derecho fiscal, aportan criterios de aseguramiento útiles para convertir tecnología en evidencia y control.

En líneas finales, la Cuarta Revolución Industrial y la Inteligencia Artificial representan una reconfiguración tecnológica profunda que, a su vez, abre la oportunidad histórica de reinventar la fiscalidad. El desafío central radica en traducir esta nueva arquitectura productiva y decisoria en un marco robusto de atribución de valor, evidencia digital trazable y gobernanza por riesgo. Para ello, una agenda fiscal moderna debe integrar tres pilares fundamentales: innovación en los métodos de recaudación mediante herramientas digitales, equidad en la distribución de las cargas para prevenir y corregir brechas socioeconómicas, y cooperación global que garantice una gobernanza efectiva y coherente. La materialización de este marco exigirá, de manera imperativa, voluntad política decidida, expertise técnico multidisciplinario y un compromiso inquebrantable con los principios de justicia tributaria en la era digital.

Es cuánto.

Alma Cienfuegos | Reflexiones desde la Ciencia Fiscal.