Columna RDCF

Imagen: De la red.

El análisis de los delitos fiscales exige hoy superar los límites del derecho penal tradicional y administrativo para situarse en el ámbito del derecho penal económico. Esta rama especializada, como advierte Silva Sánchez (2003), responde a la «expansión del derecho penal» hacia conductas que lesionan bienes jurídicos colectivos mediante estructuras organizadas y técnicas complejas.

La contribución central del derecho penal económico al estudio de los delitos fiscales radica en la redefinición del bien jurídico tutelado. Frente a visiones patrimonialistas, autores como Bacigalupo (2014) y Muñoz Conde (2018) sostienen que estos delitos protegen un bien jurídico institucional que es la integridad del sistema tributario como pilar del Estado social y democrático de derecho.

De este modo, la doctrina del derecho penal económico proporciona categorías para analizar los elementos técnicos que caracterizan la delincuencia fiscal compleja:

1. Criminalidad de aparato: Jakobs (1995) acuñó este concepto para describir delitos cometidos mediante estructuras organizadas donde la autoría se diluye. En los delitos fiscales graves, esta característica es evidente: se ejecutan a través de redes que involucran empresas pantalla, paraísos fiscales, asesores especializados y mecanismos financieros sofisticados. La autoría, como analiza Orts Berenguer (2016), se distribuye en una cadena de decisiones técnicas y ejecuciones parciales.

• Tecnicidad como barrera: La complejidad normativa y contable actúa como mecanismo de ocultación y como barrera para la persecución. Ragués Vallès (2005) observa que esta tecnicidad exige al derecho penal económico desarrollar reglas probatorias especiales y estándares de imputación adaptados, sin vulnerar las garantías procesales.

•  Transnacionalidad estructural: La globalización financiera, estudiada por Nogueira (2018), ha convertido la elusión fiscal agresiva en un fenómeno inherentemente transfronterizo. Esto exige respuestas cooperativas internacionales que el derecho penal económico promueve mediante instrumentos como la Directiva (UE) 2018/1673 contra el blanqueo o los estándares de la OCDE.

El principal reto teórico, identificado por Quintero Olivares (2019), consiste en delimitar cuándo una conducta fiscalmente irregular debe tratarse como delito económico y no como infracción administrativa. Aquí surgen tensiones entre:

• El principio de intervención mínima (ultima ratio): El derecho penal debe reservarse para las agresiones más graves al bien jurídico. Autores como Pérez del Valle (2017) proponen criterios de delimitación basados en la lesividad social cualificada, considerando no solo la cuantía defraudada, sino el uso de medios especialmente fraudulentos, la organización profesionalizada y la reincidencia.
• El principio de culpabilidad: En contextos de alta complejidad normativa, se plantea la cuestión del error de prohibición. Como discute Martínez-Buján (2020), debe diferenciarse entre el desconocimiento simple de la norma (que puede eximir de dolo) y la ignorancia deliberada o el aprovechamiento consciente de zonas grises legales, propios de la planificación fiscal agresiva.
• El riesgo de expansión punitiva: Silva Sánchez (2003) alerta sobre la tendencia a utilizar el derecho penal económico con fines simbólicos o recaudatorios, desdibujando sus límites. Esta crítica es especialmente relevante en contextos de crisis fiscal, donde puede presionarse por tipificaciones excesivamente amplias.

De la síntesis doctrinal analizada, se pueden observar cuatro criterios fundamentales para una aplicación rigurosa y garantista del derecho penal económico a los delitos fiscales. Primero, una delimitación legislativa clara que precise tipos penales con elementos objetivos y subjetivos que reflejen una lesividad cualificada; segundo, una gradación de la respuesta punitiva, inspirada en modelos como el alemán, que combine penas privativas de libertad para los organizadores con penas accesorias efectivas y mecanismos de reparación; tercero, el establecimiento de un procedimiento especializado, con unidades investigativas interdisciplinarias que, a la vez que aborden la complejidad técnica, salvaguarden el derecho de defensa; y cuarto, la promoción del compliance tributario, donde la implementación de modelos de prevención eficaces en las empresas funcione como un incentivo para la autorregulación y como factor atenuante o eximente de la responsabilidad penal corporativa.

En líneas finales, el análisis desde el derecho penal económico no solo permite comprender la verdadera dimensión de la criminalidad fiscal grave, sino que establece los contornos para una intervención penal legítima y proporcionada. Lejos de ser una herramienta de expansión punitiva indiscriminada, este marco teórico proporciona los criterios dogmáticos para diferenciar la defraudación compleja y organizada (que ataca el sistema tributario como institución) de las meras infracciones administrativas.  La aplicación de este enfoque exige, como han subrayado los teóricos analizados, un equilibrio constante entre la eficacia en la protección de bienes jurídicos colectivos y el respeto estricto a los principios de intervención mínima, culpabilidad y legalidad. Solo así el derecho penal económico podrá cumplir su función de garante último de la integridad del sistema tributario, sin convertirse en un instrumento de mera presión recaudatoria.

Es cuánto.

Alma Cienfuegos | Reflexiones desde la Ciencia Fiscal.