Columna RDCF

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La región de América Latina y el Caribe presenta una dinámica heterogénea en sus contextos económicos, sociales y ambientales. México, como la segunda economía más grande de la región con un PIB de 1.84 billones de dólares en 2024 (CEPAL, 2026), refleja en sus indicadores una serie de retos y oportunidades que requieren un análisis profundo desde la perspectiva de las ciencias de lo fiscal. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proporciona un marco integral que permite una valoración detallada de la situación actual del país en diferentes dimensiones, revelando no solo los logros macroeconómicos, sino también las fracturas estructurales que limitan su desarrollo.

Desde la base demográfica, México registra 131.95 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 0.8%. La esperanza de vida alcanza 75.4 años y la fecundidad (1.9 hijos por mujer) está por debajo del reemplazo generacional (CEPAL, 2026). Esto significa, que el envejecimiento poblacional presionará los sistemas de salud y pensiones. Para 2050, el 21.5% de la población tendrá más de 60 años, exigiendo desde ahora reservas actuariales y reformas al sistema de pensiones.

Sin embargo, el núcleo del problema fiscal no se entiende solo con demografía, también se explica por el mercado laboral. La tasa de desocupación (2.7%) es engañosamente baja. El dato clave es la informalidad pues 84.5% de hombres y 56.3% de mujeres ocupadas laboran en la informalidad (CEPAL, 2026). Lo que implica que millones de trabajadores no contribuyen al ISR ni a seguridad social, erosionando la base tributaria y presionando el gasto social. En términos fiscales, esto significa millones de relaciones laborales fuera del circuito contributivo pleno, con impactos directos en ISR, seguridad social y capacidad financiera del Estado.

Otro dato importante es que el 29.1% de la población vive en pobreza multidimensional. La distribución del ingreso es extremadamente desigual, tenemos que el 20% más rico concentra el 50.5% del ingreso, mientras el 20% más pobre apenas el 4.1% (CEPAL, 2026).

Relevante es también, el dato de la recaudación. México recauda solo el 16.5% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Ante este escenario, es indispensable impulsar una reforma fiscal progresiva que elimine privilegios fiscales, aumente el ISR a altos ingresos y fortalezca el impuesto predial.

En la dimensión macroeconómica, la CEPAL reporta que el PIB creció 1.4% en 2024 (proyección 0.4% para 2025). Esto importa porque, cuando el crecimiento per cápita se debilita, la política fiscal enfrenta un dilema clásico, más necesidades sociales con menor dinamismo para financiarlas.

La estructura externa también ayuda a explicar la situación, las exportaciones alcanzaron 618.6 mil millones de dólares (79.2% manufacturas), pero la balanza comercial fue negativa en 27,626 millones (CEPAL, 2026).

En cuanto a las remesas (64,288 millones de dólares) equivalen al 3.5% del PIB. La dependencia de remesas y del mercado estadounidense crea vulnerabilidad. Por ello es importante, diversificar mercados y aumentar el contenido nacional de las exportaciones.

En el rubro de la deuda externa (592,728 millones de dólares) representa el 31.8% del PIB (CEPAL, 2026). Sin embargo, el problema no es  per se el nivel de deuda, sino la baja recaudación y la evasión fiscal (alrededor del 3% del PIB). Sin recursos, el Estado no puede proveer servicios de calidad. Por lo tanto, se requiere fortalecer al SAT, simplificar regímenes para contribuyentes menores y combatir la evasión.

Así mismo, la matriz energética depende en 80% de fuentes fósiles. Las emisiones de CO2 alcanzan 409.7 millones de toneladas (3.2 toneladas per cápita) (CEPAL, 2026). Los desastres naturales cuestan aproximadamente 0.5% del PIB anual. El cambio climático es un riesgo fiscal sistémico. Se requieren impuestos verdes (carbono), eliminar subsidios a combustibles fósiles, emitir bonos verdes y duplicar el gasto en protección ambiental.

En líneas finales, México enfrenta un reto importante al tener un envejecimiento poblacional, informalidad masiva, desigualdad extrema y vulnerabilidad ambiental. La ventana de oportunidad es ahora, mientras aún existe un (estrecho) bono demográfico y estabilidad macroeconómica. Se requiere un pacto fiscal por el desarrollo sostenible que, amplíe la base contributiva (reforma progresiva más combate a evasión), incentive la formalización laboral, fortalezca la inversión social e Integre la sostenibilidad ambiental en la política fiscal. La evidencia de la CEPAL nos muestra que el crecimiento económico no garantiza desarrollo. México tiene los recursos y las instituciones para transformarse. La pregunta es si existirá la voluntad política para hacerlo.

Es cuánto.

Alma Cienfuegos | Reflexiones desde la Ciencia Fiscal.

Referencia

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2026). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2025 (LC/PUB.2025/25-P).