Columna RDCF

Imagen de la red (ISTOCK).

La inflación es, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos económicos más insidiosos y regresivos que existen. A menudo se la describe como un «impuesto oculto», pero esta analogía no hace justicia a su verdadero impacto. La inflación no es solo un impuesto, es el peor de los impuestos, porque no discrimina abiertamente, pero sus efectos golpean con mayor fuerza a quienes menos pueden defenderse: los más pobres.

En términos técnicos, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Cuando los precios suben, el poder adquisitivo del dinero disminuye. Es decir, con la misma cantidad de dinero, puedes comprar menos cosas. Esto equivale a una pérdida de riqueza, aunque no veas una factura o un recibo que te lo indique.

Pero, ¿por qué compararla con un impuesto? Porque, al igual que los impuestos, la inflación redistribuye recursos. Sin embargo, a diferencia de un impuesto progresivo, donde los que más tienen pagan más, la inflación es profundamente regresiva. No requiere aprobación legislativa, no discrimina entre ricos y pobres en su aplicación, pero sus consecuencias son devastadoramente desiguales.

La inflación impacta de manera desproporcionada a los más pobres, exacerbando su vulnerabilidad económica y profundizando las desigualdades. En primer lugar, las familias de bajos ingresos destinan la mayor parte de su presupuesto a bienes básicos como alimentos, transporte y vivienda, que son los más afectados por el alza de precios. Al no tener margen para ajustar su consumo, se ven obligadas a pagar más o reducir su calidad de vida. Además, los pobres carecen de acceso a activos que protegen contra la inflación, como propiedades o acciones, y dependen principalmente del efectivo, que pierde valor rápidamente en un entorno inflacionario. A esto se suma que sus salarios, a diferencia de los de trabajadores calificados o sindicalizados, rara vez se ajustan a la inflación, lo que erosiona su poder adquisitivo y los hunde aún más en la pobreza. Entonces, la inflación no solo empobrece a los más vulnerables, sino que también amplía la brecha de desigualdad, ya que quienes tienen acceso a crédito barato y activos financieros se benefician, mientras que los que dependen de ingresos fijos o ahorros en efectivo ven empeorar su situación. En conjunto, la inflación actúa como un mecanismo regresivo que castiga a los más pobres y perpetúa la injusticia económica.

En muchos casos, la inflación es el resultado de políticas monetarias expansivas o de déficits fiscales insostenibles. Los gobiernos, al emitir más dinero o endeudarse excesivamente, pueden generar inflación como una forma de financiar sus gastos. Este impuesto inflacionario es particularmente atractivo para los políticos porque es menos visible que un aumento directo de impuestos. Sin embargo, su costo recae desproporcionadamente sobre los hombros de los más pobres.

Para mitigar los efectos negativos de la inflación, especialmente sobre los más vulnerables, es necesario implementar medidas concretas y coordinadas. En primera instancia, los bancos centrales deben adoptar políticas monetarias responsables, evitando la emisión excesiva de dinero que impulsa el alza de precios y manteniendo un equilibrio que garantice la estabilidad económica. Además, es fundamental promover la educación financiera y facilitar el acceso a instrumentos de ahorro e inversión para las personas de bajos ingresos, permitiéndoles proteger sus recursos y construir una mayor resiliencia económica. Por último, los gobiernos deben ejercer un control riguroso del gasto público, evitando déficits fiscales insostenibles que, al financiarse mediante la emisión monetaria, suelen ser una de las principales causas de la inflación. Estas acciones, en conjunto, no solo ayudarían a combatir la inflación, sino también a reducir su impacto desigual y proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En líneas finales, la inflación más que un simple fenómeno económico es un factor determinante en la desigualdad social y un mecanismo regresivo que afecta de manera desproporcionada a los más pobres. Su impacto es silencioso pero devastador, erosionando el poder adquisitivo de quienes menos recursos tienen y ampliando la brecha entre ricos y pobres. Combatir la inflación es una exigencia económica y un deber social. Permitir que continúe sin control significa perpetuar la injusticia económica y profundizar la pobreza estructural. Por ello, los gobiernos y las instituciones financieras deben priorizar la estabilidad de precios como una medida esencial para garantizar el bienestar de todos, especialmente de los sectores más desprotegidos.

Es cuánto.

Alma Cienfuegos | Reflexiones desde la Ciencia Fiscal