Columna RDCF

Imagen de la red (CIAT).

Cuando inicia una auditoría, la obligación de contribuir ya existe. El fiscalizador no decide qué debe gravarse, quién debe pagar ni cuál debe ser la tasa. Verifica que aquello que la ley estableció efectivamente se cumpla. De ahí surge una pregunta pertinente. ¿Hasta dónde puede incrementarse la recaudación fiscalizando mejor, sin modificar la estructura tributaria?

La recaudación mexicana ha crecido de manera sostenida. Los ingresos tributarios pasaron de 10.9 % del PIB en 2000 a 18.3 % en 2024 (OCDE, 2025). Mayor vigilancia del cumplimiento, uso de información digital, gestión de riesgos y fortalecimiento de las facultades de comprobación han cerrado espacios de evasión y omisión. El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2025) reconoce estos avances y sostiene que el esfuerzo de consolidación debe apoyarse tanto en mejoras de la administración tributaria como en cambios de política impositiva. Fiscalizar mejor sí recauda más. De ahí no se sigue que la fiscalización pueda resolver, por sí sola, las necesidades de financiamiento del Estado.

En este sentido, conviene separar dos conceptos. La administración tributaria procura cobrar correctamente las contribuciones establecidas. La política tributaria determina qué manifestaciones de capacidad económica se gravan, quién contribuye, sobre qué base y bajo qué condiciones. Una puede volverse más eficiente sin que cambie la otra. Eso explica una aparente paradoja. Ese 18.3 % fue la razón más baja de la OCDE en 2024, frente a un promedio de 34.1 % y a 45.2 % de Dinamarca (OCDE, 2025), y quedó por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, de 21.7 % (OCDE et al., 2026). Las estructuras económicas y los diseños tributarios difieren entre países, de modo que la comparación exige cautela. Aun así, permite advertir algo relevante. Un país puede administrar cada vez mejor sus impuestos y conservar una capacidad fiscal limitada.

Bajo esta línea de análisis tenemos un primer límite, que es la informalidad. En el primer trimestre de 2026, la suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 32.6 millones, equivalentes a 54.8 % de la población ocupada (INEGI, 2026). Pretender resolver un fenómeno de esa magnitud solo con actos de fiscalización sería confundir sus causas, ligadas a la productividad, el mercado laboral, la regulación y el acceso a la seguridad social.

El segundo proviene del diseño tributario. Para 2026, la SHCP estima las renuncias recaudatorias en 1.67 billones de pesos, equivalentes a 4.48 % del PIB (SHCP, 2026). No constituyen evasión, ni todo tratamiento diferenciado resulta injustificado, y el propio reporte señala que las estimaciones no equivalen a la recaudación adicional que se obtendría si los tratamientos preferenciales fueran eliminados de manera simultánea. Pero la conclusión es ineludible. La fiscalización solo puede exigir aquello que el marco jurídico decidió gravar. Ninguna auditoría recauda un ingreso que la ley excluyó legítimamente.

Hay un tercer elemento. El estudio de evasión global elaborado para el SAT ubicó la evasión total de 2016 en 510 mil millones de pesos, 2.6 % del PIB (San Martín Reyna et al., 2017). Esa medición agregada tiene casi una década. Discutimos cuánto más puede recaudar la fiscalización sin una estimación actualizada de la brecha.

Desde la lectura fiscal, esto obliga a distinguir problemas que suelen presentarse como uno solo. La evasión exige fiscalización y cumplimiento. La informalidad demanda respuestas económicas e institucionales. La insuficiencia estructural de ingresos pertenece a la política fiscal. Aplicar un mismo instrumento a fenómenos distintos produce buenos resultados administrativos sin resolver sus causas. Esto no significa crear impuestos de manera automática ni elevar tasas indiscriminadamente. Una reforma también puede revisar bases, tratamientos preferenciales, tributación local, coordinación fiscal y formalización. Y antes de exigir más a quienes ya contribuyen, debe responder por el destino. La legitimidad para pedir recursos adicionales depende de la calidad del gasto y de la rendición de cuentas. Sin contabilidad gubernamental confiable ni evaluación de resultados, cualquier reforma nace deslegitimada.

En líneas finales, la administración tributaria ejecuta las reglas; no puede sustituir indefinidamente las decisiones que corresponden a la política fiscal. México ha avanzado en cobrar mejor. El debate siguiente es si la estructura tributaria actual puede financiar de manera sostenible las responsabilidades que hemos asignado al Estado, quién debe contribuir a sostenerlo y bajo qué principios debe distribuirse esa carga.

Es cuánto.

Alma Cienfuegos | Reflexiones desde la Ciencia Fiscal.