Imagen de la red.
El dinero es un bien fungible al que la ley reconoce poder liberatorio para extinguir obligaciones de pago, y funciona como medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Si cambia la forma en que circula, cambia la información que el Estado obtiene de ella. Cada pago electrónico deja registro, identifica a las partes, fija un momento y vuelve observable una actividad que antes podía permanecer en el anonimato. La Iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada el 8 de septiembre de 2026 con el Paquete Económico 2027, busca reducir la dependencia del efectivo y sigue en comisiones de la Cámara de Diputados. No crea impuestos, y el gobierno sostiene que tampoco altera el marco que rige la relación del SAT con las instituciones financieras (Patiño, 2026). Pero la trazabilidad que genera sí cambia la información disponible para la autoridad.
La pregunta central es si la digitalización de los pagos es solamente una política de inclusión financiera o si está construyendo una nueva infraestructura de fiscalización y formalización. Inclusión, formalización y fiscalización pueden ser consecuencias simultáneas de una misma infraestructura. La digitalización no crea capacidad contributiva, pero sí puede volver más visible aquella que ya existe.
Musgrave explicó que la Hacienda pública también participa en la asignación, la distribución y la estabilización (Musgrave & Musgrave, 1989), y Stiglitz mostró que las asimetrías informativas afectan incentivos y resultados (Stiglitz, 2002). Una administración con mejores datos puede seleccionar riesgos y distinguir entre incumplimiento, error y actividad legítima, lógica que la OCDE desarrolla en Tax Administration 3.0 (OECD, 2020). Digitalizar, sin embargo, no significa fiscalizar automáticamente. Entre el pago, el registro, la información y la trazabilidad existen reglas, derechos y límites. La ecuación correcta no es más datos igual a más fiscalización, sino mejores datos igual a mejor administración, menor costo de cumplimiento y una intervención mejor focalizada. El reto también es social, ya que la propia exposición de motivos admite que la brecha está en la adopción y no en la infraestructura. Según la ENIF 2024 que cita, el efectivo fue el medio frecuente en 85.2% de las compras de hasta 500 pesos, y en la región sur apenas 6% usa el celular como principal medio de pago (Ejecutivo Federal, 2026).
Un punto delicado es el artículo 13, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores y actividades en los que el pago digital podrá ser la única forma de pago, sin criterio alguno sobre montos, zonas o niveles de riesgo. Un transitorio le da quince días hábiles para la primera determinación y la deja ampliarla después. La exposición de motivos afirma que la transición requiere un marco de rango legal, pero la decisión central queda en manos administrativas. El Banco de México no pierde atribuciones, incluso gana algunas. Pero una dependencia del Ejecutivo podría decidir dónde deja de aceptarse la moneda cuya emisión el artículo 28 constitucional reserva a un banco central autónomo, y cuyos billetes tienen poder liberatorio ilimitado según la Ley Monetaria. Mientras la iniciativa siga en comisiones, el Congreso puede fijar esos límites en la ley.
A ello se suma la arquitectura de identidad. La CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, mecanismos de confianza para contratar servicios financieros, figuran en el artículo 22 como soluciones tecnológicas que desarrolla y habilita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que los tres órdenes de gobierno deberán adoptar. Aunque su uso es voluntario, concentrar identidad, trámites y operaciones financieras en un ecosistema que administra una dependencia sin autonomía exige contrapesos firmes en protección de datos, secreto financiero y debido proceso. Los mercados valoran reglas estables, y la discrecionalidad puede leerse como incertidumbre regulatoria.
En líneas finales, lo que cambia, en el fondo, es la infraestructura por la que circula la información económica, y con ella el equilibrio entre Hacienda, banco central y autoridad digital. La historia fiscal muestra que los cambios no siempre comienzan con un nuevo impuesto. Algunas empiezan cuando cambia la forma de observar la economía. El tránsito del efectivo al pago digital parece una transformación tecnológica, pero desde la Ciencia Fiscal representa algo más profundo, el tránsito del dinero al dato.
Es cuánto.
Alma Cienfuegos | Reflexiones desde la Ciencia Fiscal.
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